El Pentágono quiere data centers de IA en bases militares; uno solo en Texas rivalizaría con el consumo eléctrico de El Paso

Por Zendoric · 25 de julio de 2026.

El Ejército de EE.UU. ya ha cerrado dos acuerdos condicionales concretos: Carlyle Group construirá un centro de datos de inteligencia artificial en 1.384 acres de Fort Bliss (El Paso, Texas) para 2027, y CyrusOne hará lo propio en 1.201 acres del polígono de pruebas de Dugway (Utah) para 2029, según un comunicado y una ficha técnica del propio Ejército citados por Politico. La Fuerza Aérea, por su parte, ya ha ofrecido terrenos sin uso en cinco bases para que empresas privadas levanten instalaciones similares. El objetivo declarado del Pentágono es alimentar con estos servidores los enjambres de drones y demás sistemas de guerra basados en IA que Washington considera clave para no quedarse atrás frente a China.

El impulso arrancó el año pasado con una orden ejecutiva de Donald Trump que mandató al Departamento de Defensa identificar terrenos militares aptos para infraestructura de IA, y que además obligó a la EPA y al Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca a facilitar la construcción. El Ejército sostiene que estos proyectos llegarán "sin coste inicial para el contribuyente" y con "soluciones integrales de energía y agua fuera de la red pública" (behind-the-meter, en la jerga del sector: generación y suministro propios, no conectados a la red general).

Ese último punto es justo lo que un grupo bipartidista del Congreso no se cree. El dato que ha encendido las alarmas, según una información de El Paso Matters citada por Politico: el centro de datos de Fort Bliss por sí solo podría necesitar más electricidad que los 460.000 clientes eléctricos de toda la ciudad de El Paso juntos. Es la clase de cifra que convierte una discusión abstracta sobre infraestructura militar en un problema muy concreto de red eléctrica y suministro de agua para los vecinos de la base.

La respuesta legislativa, de momento, no busca frenar los proyectos sino iluminarlos. La mayoría de las enmiendas en curso —en la Cámara y el Senado, en las versiones de la Ley de Autorización de Defensa (NDAA) y de los presupuestos de Defensa para el año fiscal 2027— exigen estudios, evaluaciones o informes previos, no prohibiciones. El republicano Ken Calvert, presidente del subcomité de Apropiaciones de Defensa, logró incluir una disposición que obliga al Pentágono a informar al Congreso sobre el impacto en las comunidades antes de iniciar la construcción. El demócrata John Garamendi fue más lejos: propuso que el Departamento de Defensa evaluara formalmente el consumo energético e hídrico, la contaminación lumínica y acústica, y los riesgos de seguridad y cadena de suministro antes de cerrar cada acuerdo; los republicanos de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara rechazaron la enmienda en su trámite.

Otras propuestas sí apuntan a cortar de raíz. Rashida Tlaib planteó prohibir directamente la construcción de centros de datos de IA en tierras federales, incluidas las bases; al caer como enmienda, la ha reintroducido esta semana como proyecto de ley independiente. Hillary Scholten quiere imponer estándares mínimos de eficiencia hídrica y prepara su propia versión legislativa. Cory Mills, republicano, consiguió que el NDAA aprobado esta semana en la Cámara incluya una cláusula que impide ceder terrenos a centros de datos con componentes "significativos" fabricados por adversarios de EE.UU. En el Senado, el Comité de Servicios Armados —de mayoría republicana— rechazó una enmienda demócrata que habría bloqueado el arrendamiento de terrenos hasta que el Pentágono finalizara su estrategia de centros de datos, ya exigida por la propia ley.

El otro bando del debate —el propio Pentágono y parte de la bancada republicana— avisa de que toda esta fiscalización, por bienintencionada que sea, puede convertirse en fricción justo cuando más urge avanzar. Un funcionario del Ejército, citado por Federal News Network, calificó de "estándar inviable" la cláusula de Mills y advirtió de que podría espantar a socios comerciales y frenar al país frente a sus adversarios en la carrera por capacidades de IA avanzada. El republicano Pat Harrigan fue más gráfico: dijo que exigir una "precertificación" no protege a las bases ni a las comunidades, solo las "entierra en papeleo"; prefiere informes anuales. Su colega Derrick Van Orden defiende directamente poner los centros de datos en instalaciones militares antes que en tierra de cultivo.

Nuestra lectura: esta pelea en el Congreso es la versión militar, en miniatura, del problema que ya identificamos como el cuello de botella real de esta década de IA —no el silicio, sino los electrones—. Como contexto del sector, las proyecciones apuntan a un fuerte crecimiento del consumo eléctrico de los centros de datos a escala global en los próximos años, muy concentrado en EE.UU. y China; la fuente no detalla cifras al respecto. Lo que ocurre en Fort Bliss o en Dugway es ese mismo choque —cómputo contra red eléctrica y acuífero— trasladado a un terreno donde además se invoca la seguridad nacional para saltarse buena parte del escrutinio ambiental y de planificación que sí enfrenta un centro de datos civil.

Ahí está lo más interesante del episodio: el patrón dominante no es "prohibir la IA militar" sino "obligar a medirla y contarla", el mismo molde de gobernanza basada en evidencia —briefings, informes, estudios de impacto— que ya vimos consolidarse en otros terrenos de alto riesgo de la IA, desde el control humano final sobre sistemas de armas hasta la vigilancia algorítmica. Es una señal sana: ni el catastrofismo de prohibir de raíz (la vía Tlaib, minoritaria) ni el "confíen en nosotros" del Pentágono (sin coste, sin fricción, todo resuelto "detrás del contador") se están imponiendo. Gana, de momento, la línea intermedia: sí a la infraestructura, con transparencia obligatoria.

A corto plazo, esto es un problema real y sin atajos: los vecinos de El Paso o del entorno de Dugway no eligieron competir por megavatios con un centro de datos de defensa, y la tensión entre precios de la electricidad, capacidad de red y proyectos de IA —civiles o militares— seguirá escalando mientras no se construya generación nueva a ese ritmo. A largo plazo, sin embargo, cada disputa como esta empuja a resolver antes el problema energético que subyace a toda la revolución de la IA; y esa misma tecnología, aplicada al diseño de reactores, redes inteligentes o materiales de batería, es la que mejor situada está para solucionar el cuello de botella que ella misma ha creado. El Pentágono no va a dejar de construir estos centros —ninguna de las enmiendas serias lo pide—; lo que de verdad se dirime en el Congreso es quién paga la factura energética de la carrera armamentística de la IA, y quién se entera antes de que la grúa llegue al solar.