El juez da luz verde final al acuerdo de 1.500 millones de Anthropic, pero recorta a los abogados de 375 a 101 millones

Por Zendoric · 23 de julio de 2026.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín ha aprobado en firme el acuerdo de 1.500 millones de dólares entre Anthropic y una demanda colectiva de miles de autores y titulares de derechos, según su resolución final. Es, según la propia parte demandante, la mayor compensación conocida en la historia por infracción de derechos de autor. Lo más llamativo de la resolución, sin embargo, no es la cifra del acuerdo —conocida desde el verano de 2025— sino el tijeretazo que el tribunal ha dado a los honorarios de los abogados: de los 375 millones de dólares (25% del fondo) que pedían al principio, se quedan con unos 101,5 millones, el 7%.

El caso arrancó en 2024 en un tribunal federal de San Francisco. Los despachos Lieff Cabraser Heimann & Bernstein y Susman Godfrey demandaron a Anthropic en nombre de autores y periodistas como Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson. La acusación: Anthropic habría descargado al menos 500.000 libros y otras obras con derechos de autor de repositorios de descarga pirata y los habría usado para entrenar y refinar su familia de modelos Claude, con el objetivo declarado de que respondiera con textos «más vivos, complejos y útiles». Según la demanda, esa base de datos ayudó a construir una compañía valorada en unos 18.000 millones de dólares a finales de 2023. Anthropic aceptó pagar 1.500 millones en el verano de 2025 para cerrar el litigio, y el juez William Alsup dio la aprobación preliminar poco después.

El tramo final ha sido, sobre todo, una disputa por el reparto del dinero. Antes de retirarse a finales de 2025, Alsup ya había mostrado su rechazo al 25% que pedían los abogados, y destapó que los dos despachos líderes habían intentado meter en el reparto de honorarios a otras tres firmas —Cowan DeBaets Abrahams & Shepherd, Edelson P.C. y Oppenheim + Zebrak— sin que él lo hubiera autorizado nunca. Traspasado el caso a Martínez-Olguín, los abogados rebajaron en marzo su petición a la mitad, 187,5 millones (12,5%), retirando un reparto adicional de 75 millones para esos tres despachos. La jueza, aun así, lo consideró excesivo: dijo que el «multiplicador» aplicado sobre la tarifa base (6,92) estaba muy por encima de lo razonable en la jurisprudencia del Noveno Circuito para grandes fondos, y lo fijó en 3,75, en línea, señaló, con el multiplicador usado en el acuerdo de 1.980 millones de 2025 por los derechos de imagen de deportistas universitarios (NIL). Con ese ajuste, la factura final de los abogados queda en 101,5 millones, un 44% menos que su propia oferta rebajada de marzo.

A los autores que presenten reclamaciones válidas les corresponderán unos 3.000 dólares por cada obra publicada que Anthropic haya usado indebidamente, una cifra que la jueza calificó de «beneficio sustancial» dadas «las reclamaciones novedosas» del caso. Rachel Geman, de Lieff Cabraser, calificó el acuerdo de «histórico» y dijo que es «solo el principio»; Justin Nelson, de Susman Godfrey, lo definió como «la mayor recuperación por derechos de autor conocida en la historia».

Conviene no perder de vista qué zanja exactamente este acuerdo y qué no. El litigio nunca puso en duda si entrenar un modelo de lenguaje con libros protegidos por derechos de autor es legal en sí mismo; se centró en cómo Anthropic obtuvo esos textos, presuntamente a través de bibliotecas de descarga pirata en lugar de comprarlos o licenciarlos. Es una distinción legal fina pero decisiva: no hay aquí un veredicto que condene el entrenamiento de IA con material protegido como tal, sino un pago por el origen ilícito de los datos. Las grandes preguntas sobre qué constituye «uso justo» (fair use) al entrenar modelos con obras adquiridas legalmente siguen abiertas en otros tribunales, con OpenAI, Meta, Stability AI, Suno o Udio enfrentando demandas parecidas.

Lo que sí deja este caso es un precio de referencia. Un tribunal federal ha puesto una cifra concreta —unos 3.000 dólares por obra— al coste de usar contenido protegido sin permiso a escala industrial, y ha demostrado que ni siquiera los despachos que ganan casos históricos contra gigantes tecnológicos tienen barra libre para cobrar lo que pidan: el recorte de 375 a 101,5 millones es una señal a toda la industria legal que litiga contra empresas de IA. Para las propias compañías de IA, el mensaje es más práctico: negociar licencias con editoriales y autores desde el principio sale más barato, en dinero y en reputación, que arriesgarse a que un tribunal fije el precio después de los hechos.

Esto encaja con la lectura de fondo que manejamos en Zendoric sobre esta etapa de la IA: la industria se construyó deprisa, a veces por caminos legalmente sucios, y ahora empieza a pagar la factura de esas prisas. Es un coste real, a corto plazo, de una transición que no está siendo limpia. Pero si estos litigios empujan al sector hacia mercados de datos licenciados y una compensación seria a creadores —en vez de hacia el «primero entreno, luego pido perdón»—, el resultado a medio plazo puede ser una industria más sostenible, con autores y editoriales como socios remunerados en vez de víctimas de una demanda colectiva. Eso no frena la promesa de fondo de la IA; la hace descansar sobre cimientos menos frágiles.